Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 461-472, 2025
https://doi.org/10.62574/0seygb86
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Educación en derechos humanos para inclusión social y acceso equitativo a
justicia de migrantes venezolanos
Human rights education for social inclusion and equitable access to justice
for Venezuelan migrants
Sandra Dayanara Correa-Solis
ub.sandracs66@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Babahoyo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0005-4604-2411
Jorge Luis Santur-Castro
jorgesc03@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Babahoyo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0000-3128-5211
Kerly Melissa Toaza-Rocafuerte
kerlytr20@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Babahoyo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-1879-8083
María Fernanda Espinoza-Justillo
mariaej08@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Babahoyo, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-7136-6580
RESUMEN
Esta investigación analiza factores que limitan la protección de derechos de migrantes venezolanos,
enfocándose en barreras socioeconómicas, acceso a justicia y condiciones de integración social. Se
empleó enfoque cuantitativo de diseño no experimental, transversal y descriptivo, mediante
encuestas aplicadas a 72 migrantes residentes en Babahoyo. Los resultados evidencian que, pese a
residir en el país entre seis meses y un año, una proporción considerable enfrenta obstáculos
laborales y legales: solo 25% posee empleo formal, mientras otros recurren al autoempleo o
permanecen desempleados debido a limitada oferta laboral y restricciones regulatorias. Más del 50%
no ha logrado regularizar su condición migratoria. El 86% percibe vulneraciones a sus derechos,
incluyendo xenofobia, explotación laboral e inseguridad jurídica. Se concluye que resulta
imprescindible implementar políticas de inclusión y programas de capacitación que promuevan la
protección efectiva de derechos humanos de esta población vulnerable.
Descriptores: derechos humanos; acceso a la justicia; inclusión social. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
This research analyses factors that limit the protection of Venezuelan migrants' rights, focusing on
socioeconomic barriers, access to justice, and conditions for social integration. A quantitative, non-
experimental, cross-sectional, and descriptive approach was used, through surveys administered to
72 migrants residing in Babahoyo. The results show that, despite residing in the country for between
six months and a year, a considerable proportion face employment and legal obstacles: only 25%
have formal employment, while others resort to self-employment or remain unemployed due to
limited job opportunities and regulatory restrictions. More than 50% have not been able to regularise
their immigration status. Eighty-six per cent perceive violations of their rights, including xenophobia,
labour exploitation and legal uncertainty. The study concludes that it is essential to implement
inclusion policies and training programmes that promote the effective protection of the human rights
of this vulnerable population.
Descriptors: social reintegration; prison rehabilitation; human rights. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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Human rights education for social inclusion and equitable access to justice for Venezuelan migrants
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Kerly Melissa Toaza-Rocafuerte
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INTRODUCCIÓN
La crisis política, económica y social de Venezuela ha generado uno de los flujos
migratorios más significativos en la historia reciente de América Latina. Desde el
ascenso al poder del General Hugo Chávez en 1998, el país ha experimentado
transformaciones que derivaron en una crisis humanitaria profunda, obligando a
millones de venezolanos a abandonar su territorio en búsqueda de mejores
condiciones de vida.
Según López (2023), los antecedentes de esta crisis pueden rastrearse hasta la
dependencia estructural del petróleo, pero los efectos más devastadores se han
manifestado durante las dos primeras décadas del siglo XXI. La combinación de
políticas populistas, gestión ineficiente de recursos y concentración del poder
estatal generó desequilibrios económicos a largo plazo que desembocaron en la
actual emergencia humanitaria.
La dependencia petrolera venezolana constituyó una vulnerabilidad estructural
histórica. Como señala Olmo (2023), aunque Venezuela experimentó un auge
económico en la década de 1970 debido al aumento de precios del petróleo, esta
dependencia resultó devastadora cuando los precios cayeron en 2014. Asimismo,
Abuelafia y Saboin (2020) identifican que la falta de diversificación económica, baja
productividad en otros sectores y corrupción contribuyeron al colapso de finanzas
públicas y aumento de deuda externa.
El modelo económico implementado bajo la presidencia de Hugo Chávez,
caracterizado por nacionalización de industrias y expansión del gasto público,
generó desequilibrios económicos significativos. Osorio (2019) destaca que, pese
a la recepción inicial favorable de políticas populistas por sectores empobrecidos,
la gestión ineficiente y concentración estatal del poder crearon distorsiones
económicas a largo plazo. Según Anspach (2018), las políticas fiscales y monetarias
expansivas sin control adecuado llevaron al colapso de reservas internacionales y
rápida devaluación monetaria.
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La emergencia humanitaria resultante ha sido grave. La escasez de alimentos,
medicinas y servicios básicos, sumada a la creciente violencia, ha obligado a
millones de venezolanos a migrar. ACNUR (2024) reporta que más de 5 millones
de venezolanos han migrado a países vecinos, constituyendo uno de los flujos
migratorios más grandes del continente.
Ecuador ha sido significativamente impactado por este fenómeno migratorio. Según
datos de ACNUR (2024), existen aproximadamente 444,778 migrantes venezolanos
en Ecuador, generando desafíos importantes en términos de integración y
protección de derechos humanos. La respuesta gubernamental ha sido ambigua:
aunque ha suscrito acuerdos internacionales como la Declaración de Quito para
garantizar derechos de migrantes y refugiados venezolanos, la implementación ha
sido ineficaz en múltiples ocasiones.
Los países receptores han enfrentado desafíos relacionados con sobrecarga de
sistemas de salud, educación y empleo. HRW (2019) documenta violaciones
sistemáticas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, represión y
persecución política. La falta de sistema judicial independiente y corrupción
generalizada impiden el acceso efectivo a justicia y protección.
La regularización del estatus migratorio constituye uno de los mayores desafíos
para migrantes venezolanos en Ecuador. Como señala OIT (2020), aunque el
gobierno ecuatoriano ha implementado programas de regularización, el proceso
permanece complejo y costoso. Una parte considerable de migrantes no puede
acceder a regularización adecuada, colocándolos en situación de ilegalidad y
exponiéndolos a riesgos de explotación laboral, violencia y abuso.
Por lo tanto, Montenegro (2021) destaca que las respuestas internacionales han
sido variadas, con algunos gobiernos implementando sanciones económicas contra
el régimen de Maduro, mientras otros mantienen relaciones diplomáticas. Sin
embargo, las sanciones no han logrado desestabilizar al gobierno pero han
empeorado las condiciones económicas para la población.
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La migración venezolana también ha generado beneficios económicos parciales.
Según BM (2020), muchos migrantes han contribuido al mercado laboral informal
e iniciado pequeños negocios generadores de empleo. No obstante, estos
beneficios no contrarrestan los efectos negativos de la presión sobre servicios
públicos y empleo, generando tensiones sociales y políticas.
Problema de Investigación: ¿Qué factores inciden en la vulneración de los derechos
de los migrantes venezolanos en Ecuador?
Objetivo General: Analizar los factores que influyen en la vulneración de derechos
de migrantes venezolanos en Ecuador, caracterizando su percepción sobre barreras
socioeconómicas, acceso a justicia y trato social.
MÉTODO
La investigación adoptó enfoque cuantitativo basado en recopilación y análisis de
datos numéricos obtenidos mediante encuestas, considerando que la migración
venezolana constituye fenómeno social que afecta significativamente las sociedades
latinoamericanas.
El diseño metodológico fue no experimental y transversal, al no existir manipulación
de variables y trabajarse con datos observacionales obtenidos directamente de
participantes. El carácter transversal se debe a que los datos fueron recolectados
en único punto temporal, sin seguimiento longitudinal. El alcance fue descriptivo,
explicativo y propositivo, buscando caracterizar la percepción de migrantes
venezolanos sobre factores que influyen en la falta de protección de sus derechos.
Se aplicó el método histórico-lógico considerando que desde 2015 los procesos de
integración de migración venezolana en países latinoamericanos se intensificaron
debido a la crisis política, económica y social en Venezuela. Este método permitió
estudiar el desarrollo del fenómeno migratorio y las condiciones que llevaron a la
falta de garantías de derechos de migrantes venezolanos en Ecuador.
La población de estudio estuvo conformada por migrantes venezolanos en Ecuador
(445,000 según la Plataforma Regional Interagencial para Refugiados y Migrantes
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de Venezuela), seleccionándose una muestra de 72 participantes en Babahoyo
mediante muestreo intencional no probabilístico.
Los criterios de inclusión fueron: nacionalidad venezolana, mayor de 18 años,
residencia mínima de seis meses en Ecuador, y participación voluntaria. Los criterios
de exclusión establecieron que no serían considerados individuos de otra
nacionalidad, con menos de seis meses de residencia, o que no completaran la
encuesta íntegramente.
Se aplicó cuestionario semiestructurado de 19 ítems con preguntas cerradas y
opción múltiple, organizadas en cuatro secciones: datos sociodemográficos,
barreras socioeconómicas, acceso a justicia y trato social, y vulneraciones
percibidas. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva, utilizando
frecuencias y porcentajes, generando gráficos de barras para visualizar distribución
de respuestas y tablas de frecuencias para identificar tendencias.
RESULTADOS
Características Sociodemográficas
Del total de 72 participantes encuestados, 35 (48.6%) manifestaron residir en
Ecuador entre 6 meses y 1 año, 20 participantes (27.8%) residían por más de 3
años, y 17 (23.6%) habían estado entre 1 y 3 años en el país.
Situación Laboral
Respecto al empleo actual, 23 participantes (31.9%) trabajaban por cuenta propia,
19 (26.4%) no tenían trabajo, 12 (16.7%) tenían trabajo sin contrato formal, y solo
18 participantes (25%) contaban con trabajo formal.
Las principales dificultades para acceder a empleo fueron: falta de oportunidades
(22.2%), baja remuneración (20.8%), falta de documentación legal (20.8%),
discriminación por ser extranjero (13.8%), y falta de reconocimiento de títulos
académicos (8.3%).
Acceso a Servicios Básicos
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Del total de participantes, 41 (56.9%) manifestaron haber tenido dificultades para
acceder a servicios básicos, mientras 31 (43.1%) no reportaron dificultades.
Regularización Migratoria
Respecto a intentos de regularización del estatus migratorio, 37 participantes
(51.4%) manifestaron no haber intentado regularizar su situación legal, mientras
35 (48.6%) sí lo habían intentado.
Las principales dificultades en el proceso de regularización fueron: largos tiempos
de espera (26.4%), costos de trámites (19.4%), negación del trámite sin justificación
(18.1%), y falta de información sobre requisitos (12.5%). Sin embargo, 17
participantes (23.6%) no encontraron dificultades.
Acceso a la Justicia
De los 72 participantes, 45 (62.5%) manifestaron no haber necesitado acceder al
sistema de justicia, mientras 27 (37.5%) sí reportaron necesidad de acceso.
Percepción del Trato Social
Respecto al trato social recibido por la población ecuatoriana, 31 participantes
(43.1%) consideraron que el trato fue al menos "positivo", 22 (30.6%) percibieron
el trato como "negativo" o "muy negativo", y 19 (26.3%) tuvieron percepción
neutral.
Experiencias de Discriminación
Un total de 35 participantes (48.6%) manifestó no haber experimentado
discriminación, mientras 37 (51.4%) sí reportaron experiencias discriminatorias.
Entre quienes experimentaron discriminación: 13 (35.1%) en acceso a vivienda, 10
(27%) en transporte público, 8 (21.6%) en instituciones públicas, y 6 (16.2%) en
lugares de trabajo.
Vulneraciones a Derechos
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Solo 10 participantes (13.9%) no percibieron vulneraciones a sus derechos. De los
62 participantes (86.1%) que sí percibieron vulneraciones: 15 (24.2%)
experimentaron xenofobia, 9 (14.5%) explotación laboral, 9 (14.5%) inseguridad
jurídica, 9 (14.5%) negación de servicios básicos, 7 (11.3%) violencia o abuso, y
13 (21%) otro tipo de vulneración.
Mecanismos de Protección
Respecto a la existencia de mecanismos eficaces para proteger derechos de
migrantes, 33 participantes (45.8%) consideraron que sí existen, 31 (43.1%)
consideraron que no existen, y 8 (11.1%) manifestaron no saber.
Percepción de Protección
Solo 8 participantes (11.1%) se sintieron muy protegidos, 13 (18.1%) se sintieron
protegidos, 16 (22.2%) mantuvieron posición neutral, 18 (25%) se sintieron poco
protegidos, y 17 (23.6%) se sintieron nada protegidos.
DISCUSIÓN
El perfil temporal de la muestra, con 48.6% de participantes residiendo entre 6
meses y 1 año, coincide con las tendencias migratorias identificadas por ACNUR
(2024) sobre flujos recientes intensificados. Sin embargo, como señalan Isea,
Crespo, Álvarez y Romero (2024), Ecuador ha sido uno de los países más
impactados por la migración venezolana, comprometiendo recursos
gubernamentales y servicios públicos, lo que se refleja en las dificultades de
integración identificadas.
La situación laboral precaria documentada, con solo 25% de empleo formal, valida
las observaciones de OIT (2020) sobre barreras significativas para acceso a mercado
laboral formal. Las causas identificadas por los participantes - falta de
oportunidades (22%), baja remuneración (20.8%) y falta de documentación legal
(20.8%) - coinciden con los sectores económicos limitados identificados por OIT
para inclusión laboral de migrantes venezolanos.
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Los hallazgos sobre regularización migratoria, donde 51.4% no había intentado
regularizar su estatus, contrastan con las iniciativas gubernamentales reportadas
por OIM (2024). Las dificultades identificadas - largos tiempos de espera (26.4%)
y costos elevados (19.4%) - confirman las observaciones de organizaciones
internacionales sobre complejidad del proceso, validando los planteamientos de BM
(2020) sobre obstáculos burocráticos para regularización.
La percepción de discriminación reportada por 51.4% de participantes,
especialmente en acceso a vivienda (35.1%) y transporte público (27%), se alinea
con los hallazgos de Morán-Mejía, Atencio-González y Moreno-Arvelo (2022) sobre
agudización de problemas discriminatorios durante crisis sanitarias. Estos patrones
reflejan actitudes xenófobas sistemáticas que trascienden coyunturas específicas.
El dato crítico de que 86.1% percibe vulneraciones a sus derechos, incluyendo
xenofobia (24.2%), explotación laboral (14.5%) e inseguridad jurídica (14.5%),
contrasta con el marco normativo de protección existente. Como señalan Hurtado
Caicedo, Gómez Martín, Álvarez Velasco, Bayón Jiménez y Pérez Martínez (2020), a
pesar de avances normativos persisten desafíos significativos en implementación
efectiva de políticas de protección.
La percepción dividida sobre mecanismos de protección (45.8% considera que
existen vs 43.1% que no) refleja la brecha identificada por estudios previos entre
marcos normativos y implementación práctica. Los hallazgos de Montenegro (2021)
sobre respuestas internacionales variadas se reflejan en la percepción de
desprotección generalizada, donde 48.6% se siente poco o nada protegido.
Los resultados sobre acceso a servicios básicos, donde 56.9% reporta dificultades,
validan las observaciones de Rojas y Andrade (2021) sobre presión sobre sistemas
públicos receptores. Esta situación se agrava por la combinación de factores
estructurales identificados por López (2023) en el análisis de políticas populistas y
sus consecuencias regionales.
La evidencia recopilada confirma los planteamientos de Osorio (2019) sobre efectos
del modelo económico venezolano en poblaciones migrantes, manifestándose en
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dificultades de integración que trascienden fronteras nacionales. Como destaca
Abuelafia y Saboin (2020), las consecuencias de la crisis venezolana requieren
respuestas regionales coordinadas que aún no se materializan efectivamente.
CONCLUSION
La evidencia recopilada demuestra la existencia de dinámicas complejas que afectan
la protección de derechos fundamentales de la comunidad migrante venezolana en
Ecuador. Los resultados indican que las dificultades socioeconómicas representan
impedimento crítico para la garantía de derechos de esta población, observándose
relación directa entre carencia de documentación migratoria regular e incremento
de condiciones laborales desfavorables.
El estudio revela que las experiencias de la población migrante con el sistema de
justicia y servicios públicos están marcadas por patrones recurrentes de exclusión y
falta de garantías institucionales. Las manifestaciones de discriminación afectan
particularmente el acceso a servicios esenciales como vivienda y movilidad,
evidenciando brecha considerable entre disposiciones normativas vigentes y su
aplicación práctica.
La investigación confirma la presencia de elementos estructurales que comprometen
el desarrollo integral de la comunidad venezolana en territorio ecuatoriano. Los
hallazgos señalan persistencia de actitudes xenófobas, condiciones laborales
inadecuadas y obstáculos administrativos que limitan el reconocimiento legal de
esta población.
Las vulneraciones identificadas se originan en la interacción de diversos factores
sociales, económicos y jurídicos que dificultan integración efectiva. Los resultados
destacan la necesidad de implementar respuestas integrales que consideren
particularidades de la situación migratoria actual, requiriendo participación
coordinada de instituciones estatales y diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.
Es crucial implementar enfoque integral que incluya capacitación y educación como
herramientas esenciales para integración efectiva, fomentando acceso a
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oportunidades de empleo de mayor calidad. Mejorar el acceso a la justicia mediante
campañas informativas sobre derechos de migrantes y canales disponibles para
denunciar abusos resulta fundamental para empoderar a esta población.
La evidencia obtenida destaca la importancia de fortalecer mecanismos de
protección existentes y desarrollar nuevas estrategias que respondan a necesidades
específicas identificadas. Se requiere abordaje sistemático que contemple aspectos
normativos y prácticos en implementación de políticas públicas orientadas a
población migrante, promoviendo convivencia inclusiva y equitativa en la sociedad
ecuatoriana.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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Derechos de autor: 2025 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
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