Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 4(Especial), 66-85, 2025
https://doi.org/10.62574/cwqcqt73
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Infancia migrante: Tensiones entre control estatal y derecho a huir ante
exclusión estructural
Migrant children: Tensions between state control and the right to flee
structural exclusion
Andrea Katherine Bucaram-Caicedo
ua.andreabucaram@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-8983-9678
Nathaly Nicole Palate-Ayme
nathalypa32@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-5334-9064
Giovanna Fernanda-Vinueza
ua.giovannavinueza@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua, Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-8023-5824
RESUMEN
El estudio desarrolla un análisis crítico e interdisciplinario sobre la autodeterminación de género en
adolescentes, examinando sus implicaciones legales, médicas y psicológicas. Mediante una revisión
bibliográfica exhaustiva y del derecho comparado, se analizan los principales desafíos normativos y
éticos que enfrentan los sistemas de salud y justicia al abordar la identidad de género en menores
de edad. Se examinan aspectos como el consentimiento informado, la autonomía progresiva, los
tratamientos hormonales y la necesidad de acompañamiento psicológico especializado. El estudio
destaca la tensión entre la protección de derechos fundamentales y la capacidad de decisión de los
adolescentes en contextos clínicos y legales. Asimismo, se propone un enfoque que articule la
corresponsabilidad institucional con una perspectiva centrada en derechos humanos, priorizando el
bienestar integral del menor. Los resultados apuntan a la necesidad de reformas legales y políticas
públicas inclusivas que garanticen el reconocimiento pleno de la identidad de género en la
adolescencia.
Descriptores: autodeterminación de género; adolescencia; identidad, derechos humanos. (Fuente:
Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The study develops a critical and interdisciplinary analysis of gender self-determination in
adolescents, examining its legal, medical, and psychological implications. Through an exhaustive
review of the literature and comparative law, the main regulatory and ethical challenges faced by
health and justice systems when addressing gender identity in minors are analyzed. Aspects such as
informed consent, progressive autonomy, hormone treatments, and the need for specialized
psychological support are examined. The study highlights the tension between the protection of
fundamental rights and the decision-making capacity of adolescents in clinical and legal contexts. It
also proposes an approach that articulates institutional co-responsibility with a human rights-
centered perspective, prioritizing the comprehensive well-being of minors. The results point to the
need for inclusive legal and public policy reforms that guarantee the full recognition of gender
identity in adolescence.
Descriptors: gender self-determination; adolescence; identity, human rights. (Source: UNESCO
Thesaurus).
Recibido: 05/07/2025. Revisado: 19/07/2025. Aprobado: 27/07/2025. Publicado: 08/08/2025.
Sección artículos de investigación
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Migrant children: Tensions between state control and the right to flee structural exclusion
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INTRODUCCIÓN
La migración infantil constituye un fenómeno que ha cobrado relevancia en el
contexto de la globalización y las crisis humanitarias contemporáneas. Miles de
niños, niñas y adolescentes no acompañados cruzan fronteras cada año en busca
de seguridad, protección y mejores condiciones de vida. No obstante, los Estados
han priorizado un enfoque de securitización y control migratorio, estableciendo
barreras jurídicas que, lejos de garantizar la protección de la infancia, los exponen
a mayores riesgos.
Según Mezzadra (2013), quien plantea el concepto de derecho de fuga, las fronteras
no constituyen solo límites geográficos, sino espacios de disputa donde se
reconfiguran la ciudadanía y los derechos. En este escenario, la infancia migrante
enfrenta un doble obstáculo: la búsqueda de protección y la exclusión institucional.
El acceso restringido a la regularización, la criminalización de la movilidad y la
ausencia de medidas de protección efectivas han generado un vacío normativo que
dificulta el ejercicio de los derechos fundamentales de los menores en tránsito.
Dentro del marco de un sistema internacional que prioriza el control sobre la
protección, resulta necesario analizar cómo las legislaciones migratorias afectan a
los menores no acompañados. En países como España, Ecuador y México, las
políticas migratorias han demostrado ser contradictorias. Si bien existen normativas
de protección infantil, en la práctica los procedimientos administrativos y legales
siguen presentando obstáculos para su acceso a derechos básicos, como la
educación, la salud y la reunificación familiar (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, 2022).
La migración constituye un fenómeno global que ha acompañado a la humanidad a
lo largo de la historia y puede entenderse como el desplazamiento de personas de
un lugar a otro, ya sea dentro de un mismo país o a través de fronteras
internacionales. Este proceso puede ser voluntario o forzado y responde a múltiples
factores económicos, políticos, sociales y ambientales. Entre sus principales
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componentes, la migración involucra dos aspectos esenciales: la salida de individuos
de su país de origen (emigración) y la llegada a un nuevo territorio (inmigración).
Estos desplazamientos están influenciados por diversas razones, como las
diferencias salariales, la búsqueda de mejores condiciones de vida, la inestabilidad
política, la reunificación familiar, los desastres naturales y el acceso a mejores
oportunidades educativas y laborales.
En relación con lo anterior, desde una perspectiva económica, la migración no solo
impacta a los países de origen, que pueden experimentar la pérdida de capital
humano y el beneficio de las remesas, sino también a los países de destino, donde
los inmigrantes contribuyen con su fuerza laboral y dinamizan sectores productivos.
Sin embargo, este fenómeno también puede generar tensiones sociales y debates
sobre la integración y el impacto en el mercado laboral. Dado que la migración
constituye un fenómeno complejo que involucra múltiples disciplinas, su análisis
requiere un enfoque amplio que considere sus causas, implicaciones y efectos tanto
en las sociedades de origen como en las receptoras (Gómez Walteros, 2010).
Un dato relevante es la convergencia, que analiza la relación entre migración,
desarrollo y pobreza. Define que una mayor integración económica podría
reproducir las presiones migratorias a largo plazo. Sin embargo, autores como
Veiga (2008) advierten que, en muchos casos, la globalización ha intensificado los
flujos migratorios en lugar de disminuir, ya que la apertura de mercados no
garantiza la reducción de desigualdades estructurales. La teoría sobre la migración
define que es impulsada por la constante demanda de trabajadores en sectores
poco atractivos para la población local en países desarrollados. No obstante, una
de sus críticas es que no todos los migrantes encuentran empleo formal, lo que
contradice la idea de una asignación automática de mano de obra.
Por otro lado, desde una perspectiva más amplia, la teoría del sistema mundial,
basada en la teoría de la dependencia, sugiere que la expansión del capitalismo en
países exteriores ha generado desequilibrios económicos que fomentan la
migración. Las empresas multinacionales, al explotar recursos y mano de obra
barata sin invertir en desarrollo local, contribuyen a la salida de trabajadores hacia
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economías más sólidas, al considerar que los flujos migratorios se fortalecen por
conexiones históricas, culturales y económicas entre países de origen y destino.
Asimismo, la migración en países en vías de desarrollo, como Ecuador, está
impulsada por factores de atracción y expulsión. El acelerado proceso de
urbanización en Ecuador ha generado problemas socioeconómicos, como
cinturones de pobreza, delincuencia, desempleo precario y deficiencia en servicios
básicos. A pesar de que la urbanización suele estar asociada con un aumento en la
productividad, en Ecuador este proceso no ha generado mejoras significativas, ya
que la migración interna transfiere trabajadores del sector agrícola y minero, que
son altamente productivos, a sectores urbanos con escasas oportunidades laborales
(Alvarado Macías, 2018).
Este artículo tiene como objetivo examinar el impacto de las legislaciones
migratorias en menores no acompañados, comparar los regímenes de protección
en distintos países y evaluar cómo las fronteras pueden ser simultáneamente
espacios de inclusión y exclusión. Para ello, se realiza el análisis de los marcos
normativos desde la perspectiva del derecho de fuga y la necesidad de garantizar
una movilidad infantil segura y respetuosa con los derechos humanos.
MÉTODO
Este estudio empleó un enfoque cualitativo basado en el análisis documental de
normativas y doctrina académica para examinar los marcos legales y políticas que
regularon la protección de menores no acompañados en diversos países. La
investigación comparó la efectividad y coherencia de estas medidas con los
principios internacionales de derechos humanos, adoptando una perspectiva
descriptiva que evaluó la importancia del marco jurídico en la protección de menores
migrantes y su capacidad para garantizar derechos fundamentales.
El análisis se centró particularmente en la tensión entre las políticas de control
migratorio y los procesos de exclusión e inclusión de la infancia en movilidad. Se
examinaron los desafíos normativos relacionados con el acceso a educación, salud,
regularización migratoria y reunificación familiar, vinculando estos aspectos con el
concepto de derecho de fuga desarrollado por Sandro Mezzadra. La metodología
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incluyó el estudio de casos emblemáticos de menores migrantes, evaluando el
impacto de las políticas migratorias en su acceso a derechos fundamentales.
La investigación se estructuró mediante diversos métodos teóricos que permitieron
una comprensión integral del fenómeno. El método de análisis-síntesis descompuso
los elementos esenciales de la migración infantil y las barreras jurídicas para
integrarlos en un marco evaluativo del impacto en la protección de derechos. A
través del enfoque inductivo-deductivo, se estudiaron normativas y casos
específicos en Estados Unidos, Ecuador y México para extraer patrones comunes y
diferencias en la protección de menores no acompañados, formulando conclusiones
generales sobre su efectividad.
El método histórico-lógico examinó la evolución de las políticas migratorias y de
protección infantil en los tres países analizados, considerando los cambios
normativos y su impacto en la inclusión o exclusión de menores migrantes. La
perspectiva abstracto-concreto estableció modelos teóricos sobre la relación entre
fronteras, derechos y migración infantil, contrastándolos con estudios de caso y
estadísticas que evidenciaron los efectos reales de estas políticas. Finalmente, el
enfoque sistémico consideró la migración infantil dentro del sistema jurídico y social,
evaluando cómo las políticas migratorias interactuaron con otros derechos
fundamentales y principios de protección internacional.
La dimensión empírica de la investigación se sustentó en el análisis documental de
normativa, jurisprudencia y doctrina académica. Este proceso involucró el examen
de datos de fuentes originales e influyentes obtenidos de bases de datos
especializadas como Scopus, Scielo, Dialnet y Google Académico. La metodología
buscó información científica rigurosa en programas académicos, informes oficiales
y documentos normativos, incorporando referentes teóricos fundamentales como
los aportes de Mezzadra sobre los procesos migratorios contemporáneos y la
reconfiguración de las fronteras en el contexto global.
RESULTADOS
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Primero debemos tener en cuenta que la migración puede definirse de distintas
maneras, pero la migración constituye el cambio de residencia que implica el
traspaso de algún lugar geográfico u administrativo debidamente definido. Si se
llegase a cruzar es de carácter internacional, la migración pasaría a denominarse
migración internacional. Por otro lado, si el límite atravesado corresponde a algún
tipo de demarcación debidamente reconocida dentro del país, la migración se
definiría como migración interna. En este sentido, debemos entender que existen
distintos factores que implican que las personas migren hacia otros lugares. Muchas
personas suelen atravesar este viaje con menores y son los que atraviesan esta
vulnerabilidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021).
Del mismo modo, existen millones de niños en tránsito, muchos de ellos tuvieron
que abandonar sus hogares debido a conflictos, a la pobreza o al cambio climático
y otros se marcharon con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura.
Varios de ellos se han enfrentado a peligros, arrestos, dificultades y discriminación
en el camino, en su lugar de destino o cuando regresan. El sufrimiento y la exclusión
de los niños migrantes y desplazados no solo es inaceptable, sino que también
puede ser evitable, ya que cada niño merece la protección, atención y toda la ayuda,
los servicios necesarios para salir adelante.
La importancia de UNICEF radica en que trabaja en todo el mundo para garantizar
la protección de los niños migrantes y desplazados y salvaguardar sus derechos,
proporcionando suministros humanitarios que salvan vidas en campamentos de
refugiados, ofreciendo espacios adaptados para niños, donde se sientan seguros,
que puedan jugar y donde sus madres puedan descansar. Igualmente, ayuda a los
gobiernos nacionales o locales a diseñar leyes, políticas, sistemas y servicios que
tengan en cuenta a todos los niños locales y aborden las necesidades específicas
de los niños migrantes y desplazados con el fin de ayudarlos.
Por otro lado, es fundamental señalar que el derecho a la fuga no se limita a una
necesidad puramente económica ni a una simple respuesta a la exclusión social,
sino que debe ser comprendido como un acto de resistencia y una forma de acción
política. Este derecho se refiere a la capacidad de escapar de condiciones de
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explotación, opresión y violencia estructural, convirtiéndose en una herramienta
para desmantelar las estructuras de poder. El derecho a la fuga, también impulsa
nuevas dinámicas de comunicación, producción y organización social que desafían
las fronteras geográficas, ideológicas y económicas. De esta manera, no solo
representa un acto de escape sino una reafirmación de la autonomía y la dignidad
de quienes se ven forzados a cruzar fronteras en busca de un futuro más justo
(Eyzaguirre Tafur, 2012).
Sandro Mezzadra define el concepto de derecho de fuga como una respuesta a la
lógica de control de las fronteras. En lugar de considerar la migración únicamente
como un acto de huida por necesidad, la interpreta como una acción política y social
que desafía los mecanismos de exclusión impuestos por los Estados. La migración
no debe ser vista solo como un fenómeno pasivo o como una condición de víctimas,
sino como una práctica de agencia y resistencia que reconfigura las relaciones de
poder y ciudadanía. El concepto de fuga no se limita a escapar de la miseria o la
violencia, sino que también constituye una estrategia de movilidad para desafiar las
estructuras que regulan el acceso a derechos. Las fronteras no son simples líneas
geográficas, sino espacios donde se define quién puede ser ciudadano y quién
queda excluido.
Las fronteras no solo excluyen, sino que también incluyen de manera subordinada,
permitiendo la entrada de ciertos migrantes en condiciones precarias y sin acceso
pleno a derechos. En el caso de los menores migrantes no acompañados, las
fronteras funcionan como filtros de exclusión, restringiendo su acceso a protección
legal y servicios básicos bajo el argumento de la seguridad nacional. Los migrantes
representan un claro ejemplo de esta crisis de ciudadanía, ya que a menudo carecen
de una nacionalidad reconocida y de derechos en el país donde residen. Los
Estados, a través de mecanismos jurídicos de inclusión parcial, permiten su
residencia sin otorgarles una ciudadanía plena, lo que los mantiene en una situación
de vulnerabilidad prolongada (Mezzadra, 2013).
Diversos países han implementado distintos mecanismos para abordar la migración
masiva, incluyendo la creación de políticas migratorias, la cooperación regional y el
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apoyo a los migrantes. Estas estrategias buscan gestionar esta problemática de
manera más efectiva, especialmente considerando que los índices de migración
continúan en aumento año tras año. La migración irregular constituye esencialmente
una consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral en países de destino
y la capacidad o voluntad de los gobiernos para establecer canales legales de
migración.
Dado que los migrantes irregulares carecen de permisos válidos de residencia o
trabajo y por lo general no están registrados por las autoridades, varios países han
adoptado diferentes mecanismos para gestionar la migración masiva. En Estados
Unidos, se estima que en 2009 había 11.1 millones de migrantes irregulares, lo
que representaba el 4% de la población total. La mayoría provenía de México
(59%), seguido por Asia y Centroamérica (11% cada uno), Sudamérica (7%) y otras
regiones.
Los Estados con mayor concentración de migrantes irregulares eran California,
Texas, Florida y Nueva York, donde muchos vivían con sus familias, incluyendo hijos
nacidos en EE.UU., quienes tenían ciudadanía. Aproximadamente 7.8 millones de
migrantes irregulares formaban parte de la fuerza laboral estadounidense (5.1%),
especialmente en trabajos de baja calificación, como la agricultura (25% de los
trabajadores) y la construcción (17%).
Desde 1990 hasta 2006, la migración irregular creció rápidamente, pero se
estabilizó después debido a la crisis económica, que afectó especialmente a la
industria de la construcción. Como los migrantes irregulares no tienen acceso a
prestaciones sociales o seguros de desempleo, su migración depende en gran
medida de las condiciones económicas. En Canadá, la población de migrantes
irregulares en 2006 se estimaba en 200,000 personas, con un alto porcentaje
trabajando en la construcción y empleos manuales (Castles, 2011).
Por otro lado, entre el año 2015 y 2020, la población migrante en la región
aumentó el 50%, pasando de 9.44 millones a 14.8 millones. Este crecimiento ha
sido impulsado en gran parte por la crisis de Venezuela, con 7.7 millones de
migrantes venezolanos que han abandonado el país hasta diciembre de 2023. Se
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ha observado una transformación de migración hacia el interior de la región, ya que
muchos migrantes se trasladan a países vecinos en lugar de salir hacia EE.UU. o
Europa.
Los principales países emisores de migrantes en América Latina incluyen a México,
que sigue siendo el principal país emisor, con 11 millones de personas viviendo en
el exterior, el 97% en Estados Unidos. Venezuela constituye el segundo país con
mayor emigración, con 6.5 millones de venezolanos viviendo en países de la región.
Colombia ocupa el tercer lugar, con más de 3 millones de emigrantes, muchos de
los cuales salieron por el conflicto armado. Otros países con alta emigración incluyen
El Salvador, Guatemala y Honduras, con la mayoría de sus migrantes en Estados
Unidos.
Entre los países receptores de migrantes en América Latina, Argentina es el principal
país receptor con 2.28 millones de migrantes en 2020, principalmente de Paraguay,
Bolivia y Chile. Por otro lado, Colombia es el segundo receptor con más de 2.87
millones de venezolanos en 2023, y México es el tercer país receptor con 1.22
millones de migrantes, principalmente de Estados Unidos y de países de tránsito
hacia Estados Unidos. Entre los principales corredores migratorios, destaca México
y Estados Unidos, donde el 97% de los migrantes mexicanos residen en EE.UU., el
crecimiento del paso por el Tapón del Darién con 500,000 personas cruzando la
selva en 2023, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, cubanos y haitianos
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2024).
Cuando hablamos de integración, no solo debemos considerar a quienes se integran
o desean integrarse, sino también el contexto en el que ocurre este proceso. En el
caso de los sujetos migrantes, la integración no depende exclusivamente de su
disposición o esfuerzo individual, sino que está determinada por un conjunto de
factores que incluyen tanto su origen como la actitud y las condiciones impuestas
por la comunidad de recepción.
La sociedad receptora juega un papel fundamental en la medida en que su
estructura histórica, sus políticas migratorias, su marco legal y sus dinámicas
socioculturales pueden facilitar o dificultar la inclusión de los migrantes. No basta
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con que el individuo migrante quiera integrarse; si el entorno le impone barreras,
ya sean económicas, laborales, lingüísticas, culturales o incluso simbólicas, el
proceso de integración se vuelve desigual y, en muchos casos, frustrante.
Históricamente, las sociedades han condicionado la integración de los migrantes en
función de sus propios intereses políticos y económicos. En algunos casos, la
inmigración ha sido promovida como una necesidad para cubrir demandas
laborales, pero sin un verdadero compromiso con la inclusión social de estos
trabajadores. Esto ha generado modelos de integración segmentados, donde ciertos
grupos de migrantes son bienvenidos y asimilados, mientras que otros son
relegados a condiciones de precariedad y exclusión.
En América Latina, esta situación se ha agravado en el contexto del neoliberalismo
y las crisis económicas, que han empujado a miles de personas a emigrar en busca
de mejores oportunidades. La percepción de que "afuera" se puede estar mejor ha
llevado a un éxodo masivo de jóvenes y profesionales que no encuentran respuestas
a sus necesidades en sus países de origen. Sin embargo, en los países de destino,
estos migrantes muchas veces se enfrentan a obstáculos similares o incluso a una
explotación laboral disfrazada de oportunidad. La integración efectiva requiere
políticas públicas inclusivas, acceso equitativo a derechos fundamentales y un
cambio en la mentalidad colectiva que permita superar prejuicios históricos y
fomentar sociedades más abiertas y equitativas (Aruj, 2014).
Estados Unidos
En este contexto, Estados Unidos es el principal receptor de migrantes en el mundo,
con una de las poblaciones extranjeras más grandes y diversas. Su historia
migratoria ha estado marcada por oleadas de inmigración desde diferentes
regiones, con políticas que han variado entre la apertura y el endurecimiento de las
fronteras. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en EE.UU.,
consolidándolo como el país con mayor número de inmigrantes en el mundo. Esto
representa casi el 15% de su población total. A nivel global, el país que más
emigrantes genera es India, ya que 18 millones de personas viven en el extranjero,
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seguido de México con 11.2 millones, seguido de Rusia con 10.8 millones (Statista,
2021).
Asimismo, los factores que impulsan la migración venezolana hacia Estados Unidos
datan de la crisis económica y política en Venezuela, con la hiperinflación del
1,300,000% y escasez de alimentos y medicinas, ha conllevado la búsqueda de
asilo político, especialmente para opositores al régimen. Estados Unidos, al tener
una economía estable y oportunidades laborales, se convierte en un destino
atractivo para venezolanos con recursos o redes de apoyo en el país. Detallan que
los migrantes venezolanos en Estados Unidos enfrentan menos discriminación y un
contexto de recepción más favorable en comparación con Colombia. Esto contradice
la teoría de que la proximidad cultural facilita la integración, ya que a pesar de
compartir idioma y cultura, en Colombia los venezolanos reportan mayores niveles
de discriminación y estrés cultural (Trujillo Cristoffanini, 2023).
Debemos tomar en cuenta que al existir esta discriminación masiva de familias, que
sea por la falta de oportunidades en su país de origen, los menores quedan
desprotegidos ya que se enfrentan a un país diferente, el cual genera diversas
controversias debido a que ciertos casos generan discriminación. Pese a esto,
Estados Unidos les brinda a los menores migrantes los mismos derechos que los
ciudadanos estadounidenses, entre ellos el acceso a la educación, la atención
médica y la protección legal. Los niños indocumentados tienen derecho a la
educación pública; la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) garantiza que
todos los niños tengan este acceso a la educación.
Así también, en garantizarles el acceso a atención médica ya que es fundamental, y
ellos tienen un permiso de residencia temporal pueden ser elegibles para aplicar
por un seguro médico. Asimismo, las organizaciones se ocupan de que todos los
niños en Estados Unidos reciban la atención médica necesaria. Respecto a la
protección legal, aquellos migrantes tienen derechos al debido proceso de ley,
derecho a la igual protección ante la ley, derecho a estar libres de violencia y
explotación. En ciertos casos, los menores extranjeros pueden solicitar la residencia
permanente legal en Estados Unidos a través de la clasificación de Jóvenes
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Inmigrantes Especiales. Si los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses
pueden solicitar una Tarjeta Verde (Inmigreat, 2023).
En este sentido, la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México,
impulsada por la administración de Donald Trump, ha sido una de las promesas
clave de su campaña, centrada en la lucha contra la migración indocumentada, el
narcotráfico y el terrorismo. Aunque esta medida se presenta como una solución
para proteger la seguridad de Estados Unidos, su impacto va más allá de la frontera
norteamericana, afectando a toda América Latina y otros continentes, dado que por
esa vía migran personas de diversas regiones, incluidos Centro y Sudamérica, el
Caribe, Europa, Asia y África. Aparte de ser una de las barreras más simbólicas de
la actualidad, el muro pone en peligro ecosistemas y comunidades como los
indígenas.
Trump justifica esta construcción como una estrategia para restablecer la seguridad
en su país, alegando que detendrá la entrada de inmigrantes ilegales, terroristas y
actividades del crimen organizado, como el narcotráfico. Este enfoque se asemeja a
otras políticas fronterizas en Europa y se ve también como una medida económica
para proteger el empleo y evitar la fuga de capitales relacionada con el tráfico de
drogas. Según Reece Jones, existen tres factores clave en la construcción del muro:
la necesidad de materializar las diferencias territoriales; la disparidad económica
entre Estados Unidos y México, con un PIB per cápita significativamente diferente.
Sin embargo, el argumento de que el muro evitaría atentados terroristas es
cuestionado por expertos, como el mayor del ejército estadounidense, John T.
Sherwood, quien desmiente que México sea un punto de entrada viable para
terroristas de Al Qaeda debido a la falta de bases de apoyo en ese país (Alejandre
Ramírez, 2018).
Sin embargo, la travesía hacia Estados Unidos, como medida para detener la
migración indocumentada, sobre los flujos migratorios que están relacionados con
desigualdades socioeconómicas y las demandas del mercado laboral
estadounidense, al dificultar el cruce por zonas tradicionales, los migrantes,
incluidos niños y adolescentes, se ven obligados a tomar rutas más peligrosas,
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aumentando el riesgo de explotación, violencia y condiciones extremas. La
separación familiar y la incertidumbre legal pueden afectar negativamente el
bienestar emocional y psicológico de los menores.
A medida que el sistema capitalista se desarrolló, las economías globales se
interconectaron, reduciendo las barreras comerciales pero también incrementando
las dificultades para la migración. A pesar de la expansión económica y tecnológica,
los flujos migratorios siguen enfrentando obstáculos, especialmente hacia países
más ricos, donde la construcción de muros, como el de la frontera sur de Estados
Unidos, busca limitar la migración, pero no puede detenerla completamente. La
creciente desigualdad global y los movimientos migratorios del sur global hacia el
norte global, impulsados por la búsqueda de mejores condiciones de vida y
seguridad. Sin embargo, las respuestas a estos problemas migratorios son
complejas y requieren acciones dinámicas y coordinadas entre naciones.
México
México constituye un país de tránsito y destino para los migrantes y menores
migrantes no acompañados. Se precisó que en los últimos 25 años había sido el
receptor del 20% del total del flujo migratorio. Esta nación recibe personas de
diversos países, ya sea como inmigrantes legales o ilegales, en ciertos casos
visitantes temporales. El comportamiento del flujo migratorio hacia Estados Unidos
ha variado en gran manera. En el siglo pasado recibieron mayormente personas
provenientes de Europa; actualmente sus inmigraciones provienen en mayor medida
de Asia y América Latina.
Con respecto a los países que provienen de América Latina, los que concentran un
mayor número de personas que migran hacia Estados Unidos se ubican en
Centroamérica: Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y
Panamá. Los menores son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata de
personas, explotación laboral, explotación sexual, entre otros. Sin embargo, los
riesgos físicos suelen ser los más peligrosos, ya que al atravesar los desiertos
enfrentan varios atentados. En este sentido, con los carteles que atentan contra la
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vida de los migrantes o desgaste físico, los menores suelen ser separados de sus
familias (Morales Vega, 2017).
México ha adoptado diversas medidas de protección para los menores migrantes
en tránsito por su territorio, enmarcadas en su legislación nacional y en los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La normativa
mexicana establece disposiciones específicas para garantizar la protección de los
migrantes, con especial atención a los menores no acompañados. La Ley de
Migración y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
reconocen la prioridad en la atención de estos menores, asegurando que recibirán
protección y asistencia humanitaria durante su proceso migratorio.
Asimismo, se establecen alternativas a la detención, en concordancia con el principio
del interés superior del menor. No obstante, la política migratoria mexicana también
ha estado marcada por un enfoque de control territorial y seguridad, influenciado
por las dinámicas migratorias regionales y la presión de Estados Unidos. La
construcción de fronteras y la implementación de mecanismos de control han
buscado regular el flujo migratorio, pero han generado desafíos en la protección
efectiva de los derechos de los menores migrantes. La militarización de la frontera
sur y el reforzamiento de medidas de contención han incrementado los riesgos que
enfrentan los niños y adolescentes en tránsito, exponiéndolos a violencia, trata de
personas y otras vulneraciones (Nájera Aguirre, 2016).
Ecuador
La migración ecuatoriana ha mantenido un impacto particular en los últimos años,
caracterizado por flujos complejos y una notable intensificación de la emigración. A
partir de 2022, Ecuador se ha consolidado como un país con flujos migratorios de
gran extensión. Uno de los fenómenos más destacados en cuanto a las rutas
migratorias ecuatorianas es el paso por la provincia del Darién, en Panamá, que ha
aumentado significativamente. En 2023, el número de ecuatorianos que utilizaron
este cruce alcanzó los 57,250, casi duplicando la cifra de 2022. Aunque esta ruta
era tradicionalmente utilizada por migrantes hacia Estados Unidos, los ecuatorianos
también han optado por nuevas vías, como Nicaragua y El Salvador, especialmente
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Infancia migrante: Tensiones entre control estatal y derecho a huir ante exclusión estructural
Migrant children: Tensions between state control and the right to flee structural exclusion
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después de que varios países, como México y Guatemala, impusieron restricciones
de visado a los ciudadanos ecuatorianos en 2021. En cuanto a los destinos
preferidos, Estados Unidos sigue siendo el principal, con más del 50% de los
migrantes ecuatorianos con destino a este país. Sin embargo, ha habido un aumento
en las salidas hacia países como El Salvador, Nicaragua y México, que anteriormente
no eran tan comunes entre los ecuatorianos. Estos nuevos caminos a menudo
implican rutas más peligrosas y precarias.
Desde el punto de vista socioeconómico, la mayoría de los migrantes ecuatorianos
tienen un nivel educativo secundario y el 57.3% de los migrantes planean hacerlo
por motivos laborales, buscando mejores oportunidades económicas. El perfil
laboral muestra que la mayoría de ellos trabaja de forma independiente (44%),
seguido de empleados bajo relación de dependencia (29%) y desempleados (19%).
La mayoría de los migrantes se encuentran en condiciones laborales precarias, con
ingresos mensuales que no superan los 425 USD. La migración ecuatoriana no solo
representa desafíos económicos, sino también graves riesgos para los migrantes,
quienes enfrentan peligros como la trata de personas, extorsiones, violencia sexual
y hasta asesinatos, sobre todo aquellos que recurren a rutas irregulares
(Organización Internacional para las Migraciones, 2024).
Muchos de los menores migrantes enfrentan un profundo impacto emocional y
psicológico. El estrés de la migración, la incertidumbre sobre su futuro, junto con
las experiencias traumáticas como la pérdida de un ser querido, la separación
familiar o la violencia sufrida en el camino puede causar trastornos emocionales y
psicológicos como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y otros
problemas de salud mental. Los menores no tienen ninguna garantía sobre sus
derechos fundamentales en el transcurso del viaje. Sin embargo, en Ecuador los
menores son grupos de atención prioritaria; al llegar algún extranjero se le otorgan
los mismos derechos que a un ciudadano ecuatoriano. Asimismo, siempre el Estado
vela por el interés superior del menor; la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH)
y la Constitución de la República del Ecuador protegen a los extranjeros.
DISCUSIÓN
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El análisis comparativo de las legislaciones migratorias en Estados Unidos, Ecuador
y México permite evidenciar las contradicciones inherentes en el manejo de la
migración infantil. Las fronteras, lejos de ser simples líneas divisorias entre naciones,
funcionan como espacios de disputa donde se redefine quién tiene derecho a la
movilidad y quién es excluido de ella. La construcción jurídica de estas fronteras
responde principalmente a criterios de seguridad nacional, lo que conlleva una
limitación significativa en la protección de los derechos de los menores migrantes.
En el caso de Estados Unidos, la política migratoria se ha caracterizado por su
enfoque restrictivo, con medidas que dificultan el acceso de los menores a la
protección. La detención de niños migrantes ha sido un tema altamente debatido,
especialmente debido a las condiciones en los centros de retención y la separación
de familias en la frontera. A pesar de la existencia de figuras legales como el asilo
y la reunificación familiar, los procesos son altamente burocráticos, lo que pone en
riesgo a los menores que quedan atrapados en un limbo legal. Permite la expulsión
rápida de migrantes con el argumento de emergencia sanitaria, ha intensificado las
dificultades para los menores no acompañados, quienes muchas veces son
devueltos a contextos inseguros sin una evaluación adecuada de su situación.
Por otro lado, Ecuador se distingue por tener un marco legal que reconoce la
movilidad humana como un derecho, lo que en teoría debería traducirse en una
mayor protección para los menores migrantes. No obstante, la implementación
efectiva de estas normativas enfrenta numerosos desafíos, principalmente por la
falta de recursos y la debilidad institucional en la garantía de los derechos de los
niños en situación de movilidad. Aunque la Constitución ecuatoriana establece la
protección integral de la niñez y adolescencia, en la práctica existen obstáculos en
el acceso a servicios básicos como educación, salud y asistencia legal para los
menores migrantes, lo que evidencia la brecha entre la normativa y su aplicación
real.
En cuanto a México, la posición del país ha evolucionado en respuesta a la presión
ejercida por Estados Unidos para reforzar su control migratorio. En los últimos años,
se ha intensificado la militarización de la frontera sur y se han implementado
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medidas que restringen el acceso de los menores migrantes a protección
internacional. Aunque el país cuenta con leyes de protección infantil, en la práctica
muchos menores quedan expuestos a riesgos como la violencia, la trata de personas
y la explotación laboral. Las largas esperas en los centros de acogida y la falta de
mecanismos eficaces para la regularización de su estatus migratorio agravan su
situación de vulnerabilidad.
Desde la perspectiva de Sandro Mezzadra, las fronteras no solo son barreras físicas,
sino también dispositivos de control que determinan quién puede acceder a
derechos y quién es excluido de ellos. En este contexto, los menores migrantes
representan una población especialmente afectada, ya que sus derechos suelen
quedar subordinados a las prioridades de seguridad nacional. La tensión entre
protección y control migratorio genera situaciones en las que los menores son
tratados más como una amenaza que como sujetos de derechos, lo que va en contra
de los principios fundamentales del derecho internacional de la infancia.
CONCLUSION
El estudio de las fronteras jurídicas y sociales en la migración infantil demuestra que
las políticas migratorias actuales, lejos de garantizar la protección de los menores,
los colocan en una situación de vulnerabilidad crónica. En los tres países analizados,
se observa un predominio de enfoques restrictivos que priorizan el control
migratorio por encima del interés superior del niño, lo que genera un panorama en
el que los menores son sistemáticamente excluidos de la protección estatal.
Para revertir esta situación, es necesario implementar reformas que armonicen las
legislaciones migratorias con los estándares internacionales de derechos humanos.
Esto implica el diseño de mecanismos que garanticen el acceso efectivo a
protección, independientemente del estatus migratorio de los menores. La
cooperación entre Estados debe fortalecerse con el objetivo de garantizar la
seguridad y el bienestar de los niños migrantes en tránsito.
En este sentido, se proponen tres líneas de acción fundamentales:
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Reformas legislativas que aseguren la protección integral de los menores migrantes,
eliminando las barreras que impiden su acceso a derechos básicos como la
educación, la salud y la asistencia legal.
Mecanismos de coordinación internacional que permitan una respuesta articulada y
humanitaria a la migración infantil, evitando medidas que resulten en detención
arbitraria o deportación sin garantías.
Reconocimiento de las fronteras como espacios de acogida y protección, en lugar
de ser concebidas exclusivamente como barreras de contención.
Desde la perspectiva del derecho de fuga, se hace evidente que la migración infantil
no debe ser criminalizada ni instrumentalizada con fines políticos. Los menores en
situación de movilidad deben ser reconocidos como sujetos de derechos y no como
amenazas a la seguridad nacional. En este sentido, es urgente transformar el
paradigma de gestión migratoria para garantizar un trato digno y humanitario a los
niños, niñas y adolescentes migrantes. Solo mediante un enfoque inclusivo y
garantista será posible superar la crisis de protección infantil en las fronteras y
construir un sistema migratorio que respete plenamente los derechos de la infancia
en movimiento.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A UNIANDES.
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